19 de octubre de 2021

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL IMPUESTO PREDIAL EN SOACHA?

Que la ilusión de las victorias rápidas, y su efecto desmovilizador, no nos haga perder la dimensión de las luchas y la perspectiva de una propuesta política alternativa para la ciudad. Hoy, 18 de febrero de 2021, el alcalde Juan Carlos Saldarriaga ha anunciado la suspensión del cobro del impuesto predial y la revisión completa de la actualización catastral; un proceso que, por su naturaleza técnica, es imposible de llevar a cabo en un par de semanas. El alcalde está negociando y crea el efecto político de la concesión: hizo una primera oferta para medirle el pulso a la resistencia ciudadana, luego calculó su margen de maniobra y optó por regatear la disminución del impuesto, finge ceder espacio político para ganar tiempo. En ese contexto, que acepte reducir una cierta parte del impuesto o lo difiera en pagos, no modifica el carácter sustancial del problema: poner el peso de la crisis fiscal de la administración local sobre los trabajadores de
la ciudad, garantizando un margen de beneficio más amplio para los grandes poderes económicos de la región. El problema del impuesto predial no se resuelve si no se ataca el Estatuto Tributario.

Es necesario retroceder un poco, hasta la conferencia de prensa de ayer, 17 de febrero de 2021. Muy esclarecedores resultan los datos proporcionados en ella por el alcalde de Soacha sobre el proceso de actualización catastral del municipio, que ha desatado un nuevo pulso político en la ciudad. El incremento del impuesto predial, que en muchos casos supera el 300%; es la respuesta de la administración al agujero presupuestario de la ciudad, pero es también una apuesta política de los intereses económicos que representan Saldarriaga, Nicolas García y Duque.

 

I
La actualización catastral: Soacha, una ciudad que vale más

 

En su conferencia de prensa, Saldarriaga afirmó que el valor catastral de Soacha pasó de los 5 billones a 25 billones de pesos. En otras palabras, el precio de todas las casas, apartamentos y propiedades comerciales o industriales de Soacha equivalen al Producto Interno Bruto de una ciudad como Barranquilla, un dato relevante para ubicar el problema en un contexto más amplio. Vamos por partes, ¿qué es el avalúo catastral?, es la estimación del precio de un inmueble resultado de la suma del valor del suelo y de la construcción, es decir, un predio no solo se avalúa en función de las características del inmueble (la calidad de los materiales, número de pisos, etc.) sino de las ventajas derivadas de su ubicación física (el acceso a servicios básicos, vías, hospitales, etc.). El avalúo es la base gravada del impuesto predial.

Ahora bien, ¿qué es el impuesto predial?, es la porción de la variación de esa renta que apropia él
Estado, en este caso la alcaldía de Soacha, y que tiende a crecer por la consolidación urbanística (nuevas vías, más equipamiento, construcción de nuevos pisos, mejoramiento de materiales, etc.). Todo esto ocurre en teoría, pero la realidad es que el incremento del avalúo catastral total de una ciudad como Soacha NO es el resultado del incremento generalizado de los ingresos familiares destinados al mejoramiento de vivienda, la consolidación de infraestructura urbana o de un sistema público de bienes de consumo colectivo. De allí que poco debería importar si una familia, producto del trabajo acumulado de años, invierta en el mejoramiento de su casa si las inversiones públicas en vías, servicios públicos, salud y educación nunca llegan.

En Soacha, como en casi todos los municipios de la sabana de Bogotá, el incremento del precio del  suelo se ha debido, en cambio, a la intensificación de la actividad constructora de grandes empresas como Amarilo, Bolívar y Apiros, cuyo volumen de producción y pauta inmobiliaria se ha convertido en eje de referencia para toda la región. El precio medio del metro cuadrado es uno de los parámetros de referencia para la actualización catastral. En 2011, el precio del Mt2 de los primeros apartamentos construidos en Ciudad Verde era de $800.000, en 2020 el Mt2 se acercó a los $2.000.000, pauta que se ha generalizado en toda la ciudad y que se formaliza con la actualización catastral.

Primera conclusión: La ciudad sigue sin garantizar a sus habitantes acceso a servicios básicos de salud, educación y cultura; aun así, es más cara, desde el punto de vista de su valor catastral agregado, por
la ola especulativa desatada por la actividad inmobiliaria de los últimos 15 años. Señor alcalde, no ha sido la autoconstrucción familiar, ha sido la producción masiva de vivienda, sin garantías de acceso a condiciones dignas de vida para sus habitantes. Es por eso que hoy tenemos una ciudad más cara y más pobre.

 

II
¿Quién debe pagar la crisis y el hueco fiscal?: parte 1

 

En un asunto podemos estar de acuerdo con Saldarriaga: Soacha es una ciudad de evasores fiscales; la cuestión en disputa es quiénes son esos evasores. El alcalde ha afirmado con vehemencia, fiel a su estilo de gamonal provincial, que el hueco fiscal de la ciudad corresponde a la deuda acumulada de 12 años sin actualización catastral. En este punto, afirmamos nosotros, el hueco fiscal es la manifestación de la deuda histórica con la ciudad: desde el 2007, el Macroproyecto de Interés Social Nacional Ciudad Verde fue construido sobre suelo rural; el procedimiento de cambio de uso de suelo fue inconstitucional, aun así configuró un hecho generador de plusvalía, otro de los instrumentos tributarios con los que cuenta la alcaldía, pero que no usa, porque implicaría cargar sobre el capital constructor y financiero el peso del hueco fiscal de la ciudad.

¿Qué es la plusvalía?, la ley 388 de 1997 estipula que los cambios ascendentes en el valor de suelo provocados por cambios en la regulación urbanística son generadores de plusvalía –equivalente al 50% del incremento causado-. En el caso de Ciudad Verde, el Mt2 de las haciendas de Bosatama donde se construyó el proyecto pasó de $13.500 a $60.000, es decir, la plusvalía que pudo haber apropiado la alcaldía fue de $23.000 ($46.500/2) por cada Mt2 que, multiplicados por las 328 hectáreas del Macroproyecto, equivalen a un poco más de $75 mil millones, ¡muy similar a los 80 mil millones que, según Saldarriaga, espera recoger la alcaldía con el incremento del impuesto predial en 2021! Por supuesto, la transparencia del proceso de actualización catastral, tan coloquialmente relatada por el alcalde Saldarriaga -lo suyo es la autoridad, no la técnica-, contrasta con la opacidad en el recaudo de impuestos por concepto de plusvalías, que también aplica para los planes parciales de Las Huertas, La Vegas y Malachí, terrenos sobre los que han construido ciudadelas como Hogares Soacha.

Aquí vale la aclaración: no estamos afirmando que el impuesto de plusvalía deba ser asumido por los habitantes de Hogares o Ciudad Verde, sino por los dueños de las haciendas y las constructoras. Lo que ocurre con frecuencia es que estos cobros se transmiten al comprador de la vivienda a través del precio, presionando al alza el mercado inmobiliario y agravando el problema de los avalúos. La solución es el control de precios de la Vivienda de Interés Social, para que sean los terratenientes urbanos, los bancos y las empresas constructoras las que asuman este impuesto.

 

III
¿Quién debe pagar la crisis y el hueco fiscal?: parte 2

 

Es necesario reivindicar el carácter político del debate sobre el Estatuto Tributario de la ciudad, un laboratorio de fuerzas y aprendizajes para las luchas que vienen contra la reforma tributaria a nivel nacional: su contenido es uno de los pulsos fundamentales, junto al salario, en la disputa por quien debe asumir la carga de la crisis. Bien hizo el alcalde al explicar cuáles son las facultades tributarias de los municipios: delineación y licencias de construcción, impuesto predial, rodamiento, industria y comercio; su discurso señala la vivienda familiar autoconstruida, al comerciante evasor, al dueño del carro matriculado en Bogotá, pero entraña una lógica política que pone sobre los hombros de cientos de miles de trabajadores el peso fiscal del Estado, liberando de responsabilidades tributarias a las grandes empresas. La movilización que inicia con la resistencia a los pagos debe ser la manifestación inicial de una propuesta sobre el Estatuto Tributario para, por ejemplo, gravar toda la cadena económica de la producción de vivienda, rubro estratégico de la acumulación de capital en Soacha y la región.

PLUSVALÍA LICENCIAS INDUSTRIA Y COMERCIO
50% del incremento causado por cambios en el uso del suelo o incremento de volumetría. Decreto 1469 de 2010, autoriza a concejos a gravar la expedición de licencias de construcción. Ley 14 de 1983, sobre actividades comerciales e industriales efectuadas en la entidad territorial
La habilitación del suelo es una pieza clave para la construcción de vivienda. Ya hicimos referencia al caso de Ciudad Verde En la última década la producción de vivienda en Soacha ha superado las 120 mil unidades. Es posible diferenciar la actividad propiamente productiva de la comercialización de vivienda Para actividades inmobiliarias inherentes a la construcción de vivienda.

Por supuesto, este ejemplo es ilustrativo y no pretende alentar la construcción de más vivienda, sin que antes se garanticen condiciones de acceso digno al hábitat. El objetivo es señalar que la administración cuenta ya con las herramientas tributarias para obtener recursos sin golpear la economía familiar y las pequeñas
unidades de producción mercantil ¿por qué razón el aparato fiscal y tributario de la ciudad no ha gravado al sector de la construcción? El mismo ejercicio vale para actividades como la minería -hasta 2014 el 70% de la explotación de materiales de construcción estaba en la informalidad, por fuera de la estructura de recaudo- Dicho esto, ¿de quién es la deuda histórica en materia fiscal y quién debe pagarla?

 

IV
¿Quién debe pagar la crisis y el hueco fiscal?: parte 3

 

En el pulso por la ciudad, cada nuevo escenario de movilización debe dejarnos en una mejor posición, más organizados, más conscientes, con una propuesta de ciudad-región más independiente. Si avanza un centímetro más un régimen tributario apoyado en la expoliación de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, los nuevos escenarios serán aún más desfavorables. Un ejemplo breve: la construcción de la troncal de Transmilenio convertirá a la Autopista Sur en un eje de valorización que impulsará la actividad inmobiliaria; la administración de Eleazar González señaló en su propuesta de POT estas transformaciones y perfiló la densificación de los predios ubicados sobre la autopista sur, que actualmente se usan como parqueaderos, disposiciones que seguramente serán recogidas por la actual administración.

Desplazar el eje de recaudo tributario a las plusvalías, las actividades constructivas y las operaciones inmobiliarias no solo limitaría la influencia de esos capitales en la ciudad -y con ellos, de la minería-, sino que impediría que la base fiscal se siga poniendo sobre los hombros de los trabajadores del municipio. De
avanzar el modelo del actual Estatuto Tributario, la troncal de Transmilenio incrementaría la presión sobre el impuesto predial, profundizando las dinámicas de exclusión, desplazamiento y segregación que tanto se niega a reconocer Saldarriaga.

¿Cuál debe ser nuestra postura? 1. Por supuesto, que se llene el hueco fiscal, que sus recursos sean integrados en un fondo regional destinado a la financiación pública de un sistema de bienes de consumo colectivo (hospitales, colegios, centros culturales, etc.) y, requisito inamovible, que el peso tributario sea asumido por las empresas que han controlado las palancas económicas de la ciudad durante dos décadas.

2. La naturaleza de estas luchas conlleva riesgos: la manifestación aparente del problema del impuesto predial parece oponer al propietario con el Estado, el sujeto movilizado se asume como dueño agraviado, es un error profundizar esta noción, el efecto ideológico de la propiedad privada siempre será un factor desmovilizador; al mismo tiempo, es imprescindible modificar la percepción de que se trata de una guerra de la administración municipal solamente contra las “comunas históricas” de Soacha (en Ciudad Verde no hubo incremento en el impuesto predial), que fragmenta la capacidad de movilización en comunas. Por tanto, la expresión fundamental de la lucha no debe ser la proporción entre el avalúo catastral y el impuesto predial, sino la ampliación de condiciones materiales dignas para vivir en la ciudad.

Tropezarnos de frente con la ilusión de la propiedad sería un gran error, tanto como entramparnos en el referente ideológico y la lógica política de las maquinarias tradicionales, atentas también a cooptar este tipo de escenarios de movilización. En este sentido, la expresión real, efectivamente operante del problema, enfrenta a los trabajadores desposeídos del derecho a la ciudad a un Estado que, representando los intereses de bancos y constructoras, pone sobre sus hombros el saneamiento fiscal de la burocracia local.

3. La disputa por la ciudad se está ampliando, involucrando a nuevos sectores: hace un año se movilizaron los sin techo, miles de personas ocuparon terrenos y se han organizado alrededor de expresiones como el Comité de Vivienda Digna; hoy se expresan de manera más o menos espontanea grupos sociales que con el paso de los años han podido procurarse un techo; la línea de quiebre de la crisis irá tocando nuevos sectores, como el de los endeudados por el crédito hipotecario, por lo que la lucha puede asumir perfiles más defensivos que es necesario sortear: de la lucha por acceso a vivienda, que marcó el 2020, a la lucha por no ser despojados de ella, que brotan en 2021. Vale la pregunta ¿cuál es la propuesta política de ciudad para el sector cívico-popular?.