Por: Juan david Cetina Parra.
El derecho a la salud en Colombia se garantizó mediante el artículo 49 de la Constitución política; este contrato social acordó un país democrático, garantista de los derechos fundamentales y nos dio herramientas para hacerlas cumplir, como por ejemplo, la acción de tutela contemplado en el artículo 86.
La ley 100 de 1993, creo las EPS (Entidades Promotoras de Salud), un intermediario que recibe los dineros del sistema de salud y el cual no presta ningún servicio relacionado con este. Las IPS (Instituciones Prestadores de Salud) son las encargadas de prestar los servicios de salud y son las que resultan quebrándose por falta de giros desde las EPS. Esto ha hecho que, la ciudadanía no reciba con calidad los servicios que requiere en materia de salud.
Por lo anterior, la ciudadanía ha hecho uso de la acción de tutela de forma reiterada para proteger su derecho a la salud, lo que llevo a la corte constitucional a declarar la salud como derecho conexo a la vida digna mediante la sentencia T-062/06.
Mediante la Ley estatutaria 1751 de 2015, se regula el derecho fundamental a la salud y se establecen los elementos y principios de este. Se avanzó en la salud pública mediante el PAIS (Política de Atención Integral en Salud) y su modelo operacional MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), después de esto se estableció el MAITE (Modelo de Acción Integral Territorial), para poder implementar la salud pública en los territorios.
Con el proyecto de ley 010 del 2020, impulsado por el gobierno nacional y el cual cuenta con mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque, se busca unificar los dos regímenes en salud (El contributivo y el subsidiado) para que solo quede uno; las EPS pasaran a ser aseguradoras y el aseguramiento estará circunscrito en las ATS (Áreas territoriales de salud), lo cual es muy grave porque en la práctica representa que la atención en salud será una obligación de los alcaldes y gobernadores, para que así el gobierno nacional se libre de esa responsabilidad. Se crea el plan único de salud, el cual regirá para los antiguos regímenes de salud (Contributivo y Subsidiado) ; Se deja a disposición de las aseguradoras la implementación de la tele salud y la hospitalización domiciliaria. El plan de beneficios pasa a ser PLUS (Plan único de salud).
Las EPS es decir, las futuras aseguradoras podrán fusionarse con otras, por lo tanto se hace entrega de la legislación en salud a favor de los intereses privados, se fortalece el oligopolio, es decir, el manejo de la salud en pocas manos. El artículo 17 de este proyecto de ley, en el parágrafo 2 establece la intermediación en el giro directo de dineros para los trabajadores, prestadores y proveedores, lo cual es preocupante porque podría colocar en limbo los sueldos de los trabajadores del sector de la salud.
Este proyecto de ley 010 del 2020, busca fortalecer el capital de los dueños de las EPS, lo cual es muy grave, porque estos han sido los encargados de demorar los trámites administrativos para la prestación de servicios de salud, y muchos de estos, han estado inmersos en escándalos de corrupción.
Se busca imponer currículos a los médicos, olvidando que, las Universidades tienen derecho a la autonomía Universitaria, establecido por la Constitución Política de Colombia y la ley 30 de 1992.
No hay que olvidar que el modelo de salud que está vigente en los Estados Unidos, está conformado por las aseguradas, los cuales excluyen a los pacientes de los tratamientos que son costosos. Copiar modelos, es un fracaso y más cuando se ha evidenciado que no son funcionales en el momento de brindar los servicios de salud.
El Lunes 26 de Octubre del 2020, se llevó a cabo una audiencia pública en el congreso de la república, en la cual las organizaciones de médicos, enfermeros y pacientes solicitaron el archivo del proyecto de ley 010 del 2020.
Colombia necesita una reestructuración del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que garantice el giro directo a los que realmente prestan los servicios de salud. Hay que acabar con los intermediaros que, además no cumplen ningún papel esencial en la garantía del derecho fundamental a la salud.
Nuestra vida está en riesgo si no paramos esta reforma regresiva, por esto, es el momento clave para establecer los debates necesarios que nos lleven a la pedagogía y el empoderamiento ciudadano en el control social de este proyecto de ley que está en curso en el congreso de la república.
More Stories
Seguimiento Gasto de publicidad Política en Funza
PERÚ: HORA CERO.
REFORMA Y SALUD.