Las prácticas sociales genocidas hacia las y los jóvenes en el marco de modelo de guerra urbana para el control y la consolidación territorial

El 4 de marzo se llevó a cabo el Foro: Criminalización y judicialización como Práctica Social Genocida. En él se presentaron diferentes casos al rededor del país de prácticas sociales genocidas, siendo uno de ellos el caso de Soacha, dónde los y las jóvenes son las principales víctimas de acciones por parte de las fuerzas estatales y para estatales.

Soacha es una ciudad de 900 mil habitantes ubicada al sur del área metropolitana de Bogotá, que cuenta con complejas contradicciones y problemáticas, entre ellas altos niveles de vulnerabilidad, pobreza y violencia. Sin embargo, debe comprenderse que este no es un territorio aislado y ajeno a la dinámica nacional, más bien muchas de sus elementos constitutivos son resultado del desarrollo de dichas dinámicas. Por lo tanto, a continuación se presentará una reflexión suscitada por la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos y el tema que lo convoca en Colombia actualmente, el genocidio como practica social, que pretende aportar al debate sobre aquellos procesos y acciones tendientes a destruir u reorganizar las relaciones sociales en Soacha.

Para esta presentación se ubicará la siguiente tesis: En el municipio de Soacha, y con bastante certeza  en otros territorios, las prácticas sociales genocidas están inmersas en un modelo de guerra urbana, que busca como objetivo fundamental el control territorial y la consolidación de un modelo económico, social y político que beneficie los intereses del capital. Comprendido así, la presente ponencia se estructura a partir de la tesis ya expuesta y en su desarrollo expondrá cuál es el grupo mayormente y visiblemente afectado, por cuáles prácticas sociales genocidas, sustentadas en qué motivaciones y quienes son los responsables de estas.

Inicialmente, se ubica como grupo víctima de este proceso genocida a las y los jóvenes, que como se mencionó anteriormente resultan ser el receptor más notorio, constituyéndose en el otro negativo. Cabe mencionar que los y las jóvenes en este caso no se entienden como una población amorfa que comparte como única y principal característica el rango de edad (14 a 28 años según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil) sino como un grupo poblacional, que para el caso de Soacha (y creemos que para otros casos), comparte características propias, dadas por su formación social histórica y entre las que se resaltarán tres categorías de análisis que son el despojo, la explotación y la exclusión.

Para abordar la categoría de despojo, se hace necesario remitirse, en primer lugar, al conflicto armado interno y a la apropiación de las tierras del campo a sangre y fuego por estructuras de corte paramilitar con apoyo y colaboración de fuerzas del Estado, que generaron condiciones propicias para la puesta en marcha de proyectos agroindustriales y extractivistas, obligando a las poblaciones a desplazarse a las ciudades capitales para emplearse como mano de obra. Para finales de los años 90 y principio de los 2000, el municipio de Soacha fue uno de los principales receptores a nivel nacional de víctimas del conflicto armado, principalmente campesinos despojados de su tierra, y con ello despojados de su tejido social y su proyecto de vida, que llegaron a la ciudad a ubicarse principalmente en las zonas periféricas como la Comuna 4 sector de Altos de Cazucá y la Comuna 6 sector de Altos de la Florida. A ellos se suman, en segundo lugar, otro tipo de despojados, quienes expulsados por el sistema de producción se ubicaron en el municipio, ejemplo de ellos son los nuevos habitantes que en la segunda década de los 2000 ocuparon ciudadelas como Ciudad verde y otros proyectos de urbanización de interés social. Estas circunstancias aceleraron el crecimiento poblacional y de la ciudad, ciudad que nunca hizo un esfuerzo real por generar condiciones de vida digna para propios y recién llegados. 

Dado que el desplazamiento forzado y el despojo también implican la búsqueda de nuevas formas de acceder a los medios de subsistencia, los antiguos campesinos y trabajadores de la tierra se convirtieron entonces en nueva fuerza de trabajo acumulada que se sumaba a la ya existente en el municipio, estas fuerzas de trabajo que no siempre encontraban empleo, aumentando la informalidad y los círculos de miseria ya existentes. Quienes se hacían a un lugar en el mercado laboral lo hacían bajo condiciones desfavorables en cuento a contratación, salario, seguridad social, entre otras; es así que quienes lograban emplearse formal e informalmente apenas percibían los ingresos necesarios para la supervivencia propia y de sus familias, mientras las empresas acrecentaban sus ganancias, he ahí la categoría de explotación, que no era nueva ni el campo ni en la ciudad, pero que de acuerdo a las condiciones específicas de la situación si representaba un cambio en las formas de presentarse.

Para terminar, se encuentra la categoría de exclusión, por supuesto alimentada e interrelacionada con las categorías precedentes, ya que como se mencionó, estás personas se vieron relegadas a vivir en una ciudad sin muchas oportunidades de empleabilidad, a la periferia de la ciudad capital traduciéndose en el lugar de vivienda de una clase trabajadora con difíciles condiciones económicas, y que por esto son estigmatizadas y discriminadas.

Estos son los precedentes del grueso de los jóvenes del municipio, son hijos o nietos descendientes de aquella clase trabajadora víctima del  despojo, la explotación y la exclusión. Pero ¿cómo llegaron las y los jóvenes a constituirse en ese otro negativo, víctima de estigmatización, discriminación, hostigamiento, persecución y exterminio? Es posible rastrear al menos tres razones que se entremezclan y que más adelante se detallarán; en primer lugar, la reproducción social e histórica de representaciones e ideales de orden y disciplina social al igual que de normas de comportamiento basadas en el miedo, el fatalismo y la sumisión que han sometido las aspiraciones de la clase trabajadora, la misma que sin ser muy consciente las trasmite a las nuevas generaciones esperando de estas un mejor ajuste a las normas sociales establecidas, es así que lo que se espera del joven es el ajuste a lo establecido, aunque esto a la postre no sea necesariamente beneficioso. En segundo lugar, son las y los jóvenes quienes viven las secuelas personales y colectivas del futuro negado por la falta de condiciones básicas como el acceso a educación, salud o trabajo, y por tanto siguen siendo despojados, siendo sobreexplotado, y por ende excluidos, muestra de ello es la instrumentalización a la que son sometidos por grupos al margen de la ley. Para terminar, la última década ha mostrado el ascendente protagonismo de los y las jóvenes en los escenarios de organización y protesta social, como el ejercicio de movilización de los estudiantes universitarios en el año 2011 en contra de la reforma a la ley 30 de 1992, su participación en las protestas contra del servicio de Transmilenio en el 2012 y en el Paro Agrario del 2013, y entre las más recientes el Paro Nacional de noviembre del 2019 y las protestas contra el abuso policial de septiembre del 2020.

Es así que en esta década ha hecho curso varios términos para referirse a los y las jóvenes, formas de expresión y referenciación que han ido nutriendo la percepción del otro negativo, “drogadictos”, “prostitutas”, “vagos” y “delincuentes” son algunas de las denominaciones que le asignan a la juventud posicionando y legitimando en el imaginario colectivo prácticas como la “limpieza social”; sumado a esto, aquellos que se organizan y participan, han sido denominados “vándalos”, y ha conocido la represión en la protesta social, los montajes judiciales, la tortura, la militarización de su cotidianidad y los contantes “toques de queda” amenores de edad. Es necesario entonces mencionar a detalle qué prácticas y qué actores han propiciado y profundizado la guerra contra las y los jóvenes.

Militarización: la estrategia de control territorial en áreas urbanas

Uno de los rasgos característicos de la estrategia de guerra del Estado colombiano ha sido involucrar a las Fuerzas Militares en el manejo del orden público y la protesta social, deteriorando las garantías para la participación democrática y ejercicio de la oposición política. En Soacha, se han intensificado en los últimos años las estrategias de control territorial apoyadas en unidades de policía altamente militarizadas. El entrenamiento, las tácticas de intervención y el tipo de armamento que usan estas estructuras, que ya han sido implementadas en países de América Latina como Brasil y El Salvador, profundiza el conflicto social en áreas del municipio como Ciudadela Sucre, Cazucá y La Florida, por el uso indiscriminado de la violencia, frecuentemente asociado a violaciones de derechos humanos.

En Soacha, un Grupo de Operaciones Especiales (GOES, en adelante) fue establecido de manera permanente en 2019, en el marco del programa de seguridad “Cundinamarca Bicentenaria”. Esta unidad está integrada por unidades de la policía provenientes de distintas secciones: Gaula (unidad antisecuestro), tránsito, investigación criminal e inteligencia. Su incorporación a la estrategia de control territorial en la región, ha coincidido con la intensificación de las estrategias de control territorial y represión social, que afecta de manera particular a los jóvenes.  

El 4 de septiembre de 2019, miembros de la Policía Nacional, incluyendo unidades del GOES, irrumpieron violentamente en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca, para reprimir un acto de protesta liderado por varios estudiantes. En medio del procedimiento, según denunciaron organizaciones de derechos humanos, la policía usó armas no letales, armas de fuego y dañaron las instalaciones de la Universidad. El resultado del operativo: un estudiante herido y 13 más detenidos.

El 25 de junio de 2020, para contener la acción de 800 familias sin techo en el sector de Ciudadela Sucre, Comuna 4, unidades combinadas de ejército y policía usaron armas de fuego, el resultado fue la muerte de Mateo Aldana, joven de 16 años. No obstante, los operativos particulares en esa zona muestran indicios de una estrategia más amplia de control territorial, que incluye tácticas de intimidación y asedio. El 10 de julio de 2020, dos semanas después, unidades del GOES establecieron un cerco sobre toda Comuna 4 sin que mediara un acto administrativo, restringiendo el acceso a defensores de derechos humanos, transporte público y abastecimiento básico.

En la fatídica semana del 4 al 11 de septiembre de 2020 ocurrieron tres hechos de la mayor gravedad. El 4 de septiembre, nueve jóvenes que estaban detenidos en el Centro de Atención Inmediata (CAI, en adelante), resultaron muertos después de que las instalaciones se incendiaran, hechos por los que la Fiscalía General de la Nación acusó a los patrulleros de esa estación. El 9 de septiembre, en medio de enfrentamientos desencadenados por el asesinato de un ciudadano a manos de la policía en Bogotá, resultaron muertos tres jóvenes de Ciudad Verde en inmediaciones del CAI de ese sector. Al día siguiente, el 10 de septiembre, un número aún indeterminado de jóvenes fueron conducidos al Centro de Traslado por Protección, lugar en el que fueron agredidos física y verbalmente por miembros de la policía.

Como vemos, esta cadena de sucesos muestra un patrón de vulneración de derechos humanos, que se ha configurado en el marco de la ofensiva generalizada del Estado para consolidar un modelo de control territorial de zonas en conflicto. Esta estrategia sigue sin mostrar resultados en materia de seguridad pública, pero ha deteriorado las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho a la protesta y la movilización social, con especial intensidad sobre los jóvenes de la ciudad. Lo que este tipo de acciones señala es que Estado ha optado por la gestión militar de la grave situación humanitaria que ha provocado la crisis económica y sanitaria en áreas urbanas.

Es necesario tener en cuenta que las practicas genocidas del Estado contra la juventud del municipio no solo se manifiestan en el accionar del aparato militar oficial, sino que también son latentes en la omisión de sus obligaciones y en la aquiescencia con la que actúan grupos armados de corte para-estatal en los territorios más vulnerables y marginados del municipio. El accionar de estos grupos armados irregulares de corte paramilitar se remonta a mediados y finales de la década de los 90´s, cuando las políticas de seguridad contrainsurgentes y el Programa Paramilitar de Los Castaño pretendían erradicar completamente el control de las guerrillas en varios puntos neurálgicos del centro del país y frustrar sus planes de cercar la ciudad de Bogotá, capital del país y punto estratégico para la caída del Gobierno y la toma del Poder Estatal.

Durante este periodo Los Castaño crearon el “Bloque Centauros del Llano”, el “Bloque Capital” y también surgieron de la mano de Hector Buitrago “Los Buitragueños”, grupo que tiempo después adoptaría el nombre de Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC, en adelante). Estas estructuras libraron fuertes luchas internas por el control de las rutas del narcotráfico y de las rentas derivadas de la oferta de seguridad a terratenientes, empresarios y comerciantes del centro y oriente del país, entre otros negocios que abarcaban, tanto en el ámbito ilegal como en el legal. Con el acuerdo de Santa Fe de Ralito en el Gobierno del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, la desmovilización de las AUC derivo en un proceso de reajuste de estas fuerzas criminales que, “fragmentadas”, comenzaron a operar en los territorios donde ya habían logrado incursionar buscando hacerse con el control territorial y de la economía ilegal. 

En este contexto es que surgen varias de las problemáticas que durante las últimas décadas han aquejado al municipio y muy especialmente a la juventud, que es la población que más ha sufrido el accionar paramilitar en las Comunas 4 y 6 del municipio, se presentaron no menos de 294 casos de homicidios de Jóvenes entre los 14 y 24 años, desde el 2000 al 2006 y esto obedece a una permanente estigmatización y percepción de la juventud como agente de la criminalidad, el desorden y la delincuencia, perspectiva que utilizan muy bien los grupos Paramilitares para ingresar a la comunidad con un discurso de “Limpieza social” y sus servicios de “seguridad” a los comerciantes de los barrios; no obstante, el objetivo de estas organizaciones es el aniquilamiento selectivo de quien pueda representar un obstáculo para sus intereses: líderes comunales, militantes de izquierda, defensores de DD.HH, artistas y jóvenes. El discurso de “Limpieza Social” se refuerza con una justificación de los hechos a partir de narrativas ante la opinión pública, que identifican a los y las jóvenes asesinadas como “drogadictos”, “prostitutas”, “vagos” y “delincuentes”, lo que legitima el accionar criminal de estas estructuras y además les permite ejercer el control sobre el modus vivendi de las comunidades a través de una “sensación de desprotección” que crea la demanda de “servicios de seguridad” que ellos están dispuestos y en condiciones de ofrecer.

El Papel del Estado en este drama ha sido el de un convidado de piedra, pues o se mantiene indiferente o, se dedica a reproducir un discurso negacionista ante la presencia de estos grupos armados en el territorio. El ministerio público ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de estas organizaciones en el municipio a través de las Alertas Tempranas (AT, en adelante) como la 062 o 026 de 2018, donde señala la presencia de estructuras armadas post desmovilizados como “Los Rastrojos” o “Los Paisas” quienes al parecer se han dedicado a instrumentalizar a los jóvenes para beneficio de negocios como el micro tráfico y el sicariato.

Soacha en los medios de comunicación

Atracos, bandas criminales, feminicidios, homicidios etc, protagonizadas en su mayoría por jóvenes, son las noticias que más cubrimiento tienen por parte de los medios de comunicación nacionales en el municipio, ejemplo de ello es que solo en el mes de Febrero en una de las páginas de un medio de comunicación nacional ese encuentran 19 noticias de Soacha de este tipo, que como es usual se suelen transmitir hasta 3 veces, en el día correspondiente. Los medios locales no se quedan atrás, en los últimos años han surgido 3 o 4 medios periodísticos en el municipio, los cuales casi a diario publican noticias que en la mayoría involucran crímenes en los cuales nombran a la juventud como víctima o como victimario.

A continuación se presentarán como los medios de comunicación han participado activamente y aportado en la violencia simbólica, generando sentimientos de zozobra, desconfianza y ambivalencia en la población con respecto al lugar que habitan y que a la postre ha propiciado una actitud negativa hacia las y los jóvenes, al punto de que las comunidades justifican prácticas de pacificación como la “limpieza social”, las capturas y los traslados ilegales a Centros Temporales de Protección.

En el marco del citado Paro Nacional del 2019, la noche del 22 de noviembre se alerto por parte de las autoridades y la fuerza pública que: Las marchas causaron un descontrol total en la población, que han conformado grupos de vándalos que ingresan a los conjuntos y a las casa a robar. Lo anterior generó un marco de zozobra al que adicionalmente de sumaron cortes de luz en diferentes sectores del municipio y una estrategia de guerra psicológica en redes, lo que hizo que  las personas en los barrios reaccionaron de forma violenta y con poca capacidad de discernimiento a tal punto de lastimar gravemente a jóvenes inocentes que iban para su hogar, llegando de una jornada laboral, a partir de los linchamientos de manera indiscriminada, la administración del municipio reaccionó con el “Toque de queda” para menores de edad y con la militarización del territorio, generando una falsa sensación de seguridad. 

Para el año 2020 el municipio atravesó por una crisis económica producto de la pandemia del Covid-19, el confinamiento pone en riesgo las condiciones materiales mínimas de vida de la población pues gran parte subsiste gracias al comercio formal e informal y al rebusque, y la entrega de mercados por parte de la administración municipal no es suficiente, lo que desencadeno el descontento de amplio sectores presentándose acciones de protesta y un ejercicio de ocupación de predios para vivienda en Ciudadela Sucre, principalmente, que como ya se mencionó fue reprimido con toda la fuerza.

En este contexto la tendencia a la crítica frente a los mandatarios locales creció, para contrarrestar esta situación la administración municipal opto por la táctica distractora creando hechos como el del “Libro bomba llega a la Alcaldía de Soacha”, el cual muchos titulares lo afirmaron con seguridad, sin embargo algunos medios hablan de un “supuesto” ya que las investigaciones nunca determinaron que efectivamente fuera un atentado al alcalde o a la administración municipal. Otro hecho bastante sonado se presentó unas semanas después con la explosión de una granada en un carro particular en la Autopista Sur , los ocupantes eran miembros de la fuerza pública, en algunos titulares se enmarcó “Atentado contra la patrulla de la policía”  en otros solo se habló de la explosión dentro del vehículo, esperando a esclarecer los hechos.  Después de esto la sensación de inseguridad, pánico y extremismo se apodero de la opinión pública que fue alimentada por las declaraciones del alcalde Juan Carlos Saldarriaga “Condeno el hecho criminal contra la @PoliciaColombia anoche en el que 3 uniformados fueron heridos. #Soacha entera rechaza este acto y en unidad solicitamos al Gobierno Nacional acompañamiento para hacerle frente a los bandidos.” En este momento se crea un marco político y de orden público donde la militarización del territorio es una posibilidad y para los ciudadanos una necesidad que exigen al estado, pues solicitan la sensación de seguridad.

Es importante analizar papel fundamental de los medios de comunicación en el control y la legitimación de las acciones criminales, especialmente dirigida a la población juvenil, se hace evidente la construcción de hegemonía a partir del miedo por sectores políticos como  Centro Democrático, que en el municipio tiene su expresión en el alcalde Juan Carlos Saldarriaga que proyecta la imagen de un  mandatario que tiene mano dura y firme para los bandidos criminales. A pesar de ello, aun los grupos armados ilegales que controlan las zonas del municipio no han sido cuestionados o señalados por los medios o la administración, pues los discursos negacioncitas de administraciones municipales siguen vigentes: “El alcalde Juan Carlos Saldarriaga rechazó y condenó  las amenazas realizadas en contra de líderes sociales y sus familias, al parecer, por miembros del grupo denominado ‘Águilas Negras, bloque capital’. Sin embargo, la Fiscalía informó no tener prueba de su presencia en la ciudad.” . 

Existe entonces un relato que se sigue construyendo a partir del miedo, la confusión y la zozobra, un relato que determina que el otro negativo es la juventud y por tanto, cualquier acción tendiente a imponerle normas de conducta o ajustarla al orden social establecido es totalmente valida. Ante esto es una tarea primordial e histórica para los y las jóvenes de Soacha sacudirse de la discriminación, del despojo y la miseria, sacudirse de la explotación y el autoritarismo.